El primer paso oficial que el fascismo italiano dio contra la masonería fue a raíz de la deliberación del Gran Consejo Nacional Fascista del 15 de febrero de 1923, con la participación del Duce y otros catorce miembros de dicho Consejo. El resultado fue invitar a los fascistas que eran masones a elegir entre el pertenecer al Partido Nacional Fascista o a la masonería.

Poco después el Gobierno italiano, por medio de la llamada Comisión de los Quince, preparó un informe histórico sobre el significado y la obra de la masonería. A la vista de este informe el propio Mussolini entregó a la Cámara un proyecto de ley el 12 de enero de 1925, que él mismo se encargó de presentar. Tras reconocer que de todos era conocido el papel que en el Risorgimiento italiano desempeñaron las sociedades secretas, dijo que la existencia de tales sociedades se justificaba en tiempos de esclavitud, no en los tiempos actuales de libertad. En los nuevos tiempos, era incompatible con la soberanía del Estado. La ley contra la masonería fue finalmente fue aprobada.

Unos años más tarde, en el Portugal de Salazar, se iba a repetir la experiencia italiana. Oliveira Salazar centró su atención en el peligro de las sociedades secretas como responsable de la decadencia de Portugal. Un Informe contra las sociedades secretas acabaría siendo aprobado y promulgado oficialmente bajo forma del ley el 21 de mayo de 1935. El poeta Pessoa, declarándose no masón ni tampoco antimasón, escribió un largo artículo criticando el proyecto del señor Cabral, que se integraba, tanto por su naturaleza como por su contenido, en «las mejores tradiciones de los Inquisidores». Pessoa afirma que el proyecto de ley, aparentemente dirigido contra las «asociaciones secretas» en general, en realidad iba dirigido total o parcialmente contra la masonería, que no es una simple asociación secreta, sino una orden iniciática, cuyo secreto es el común a todas las órdenes iniciáticas, a todos los llamados misterios, y a todas las iniciaciones transmitidas directamente de maestro a discípulo.

La consecuencia de la promulgación de esta ley fue la persecución y el exilio para no pocos de los 9.500 masones portugueses catalogados entonces como tales por las fuerzas gubernamentales.

Por su parte, en la Alemania de Hitler, la lucha contra la masonería estuvo íntimamente ligada no sólo a la prohibición de las sociedades secretas y a la supresión del marxismo internacional, sino especialmente con la cuestión del judaísmo, en gran medida inspirada en Los Protocolos de los Sabios de Sión. Ya Hitler los utilizó múltiples veces en su obra Mein Kampf, en la que desarrolló en 1924, sus concepciones de «pueblo y raza» y manifestó su decidida lucha contra las potencias supraestatales que encarnaban «el judaísmo, el bolchevismo y la masonería». En Alemania, la difusión de los Protocolos sirvió para la propaganda hitleriana. Desde 1934 fueron introducidos en la enseñanza. De esta forma se fue extendiendo en Alemania la obsesión de la alianza subterránea de los judíos y los francmasones por la conquista del mundo.

Ante esta actitud de ataque y persecución, las logias alemanas —al igual que las de Italia y Portugal— por iniciativa propia cesaron sus actividades. El Gobierno requisó todos sus bienes muebles e inmuebles. Goering afirmaba en 1933: «¡Para la Francmasonería no hay lugar en la Alemania nacionalsocialista!». Y el 1 de marzo de 1942 escribía lo siguiente: «La lucha contra los judíos, los francmasones y las otras potencias ideológicas en lucha contra nosotros, es una tarea urgente del nacionalsocialismo durante la guerra».

Con la llegada de los alemanes a Francia, los primeros en ser señalados fueron los participantes del Frente Popular, los francmasones, los judíos, los anglosajones y, más tarde, los bolcheviques. Ello dio origen a la legislación antimasónica del Gobierno de Vichy, especialmente la ley del 13 de agosto de 1940 por la que se prohibían las sociedades secretas, sin hacer expresa mención de la masonería, su principal destinatario.

Extractado de: José A. Ferrer Benimeli (Universidad de Zaragoza), El contubernio judeo-masónico-comunista, Madrid, 1982, pp. 223-272.

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MASONES FASCISTAS

    Debido a su lealtad al Gobierno de turno, ciertos sectores de la masonería italiana tuvieron por el régimen fascista una indudable simpatía que se personificó en los numerosos masones que eran miembros del partido fascista. El propio gran maestro Torrigiani había proclamado el 30 de diciembre de 1922 que “todo masón […] ayuda desde su puesto al Gobierno” y que “esta Revolución [fascista] tiene un alma masónica”. También algunas logias hicieron pública su adhesión al Partido Nacional Fascista, habida cuenta de que Mussolini había incorporado al Gobierno a algunos de ellos, como Alberto Beneduce (gran orador del Gran Oriente de Italia) Gustavo Canti o el barón Camillo Romano Avezzana, luego embajador en París. Un masón de los primeros tiempos del fascismo fue Riccardo Caraffa, duque de Andria (1859-1920), senador en 1904, y finalmente diputado por la lista Fascismo liberal.

    Pero a partir de 1922, los masones ya empezaron a desconfiar del talante democrático y tolerante del fascismo, de modo que surgieron las deserciones. En enero de 1925 varios miembros del consejo directivo de la Orden firmaron el Manifiesto de los intelectuales antifascistas redactado por Benedetto Croce, como réplica al Manifiesto de los intelectuales fascistas escrito por Giovanni Gentile.

    La primera medida del fascismo contra la masonería tuvo lugar en febrero de 1923 cuando los catorce miembros del Gran Consejo Nacional Fascista presididos por el Duce, acordaron la incompatibilidad entre ser masón y pertenecer al Partido Nacional Fascista. Consecuentemente con ello, Benito Mussolini firmó un decretó en enero de 1924 y puso en práctica dicha medida. Uno de los afectados más conocidos fue el general Capello, diputado gran maestro del Grande Oriente de Italia que, en cumplimiento del decreto, se dio de baja en el Partido Fascista para mantener su afiliación a la masonería. Precisamente, uno de esos catorce miembros del Gran Consejo Nacional Fascista era un masón, el conde Alexander Dudan conde"  (1883-1957). Ya en 1919 se había afiliado al partido de Mussolini en el que desempeñó diversos cargos políticos; en 1924 fue elegido miembro de la Lista Nacional Fascista y en 1934 era nombrado senador. Pues bien, el conde Dudan fue expulsado del Gran Oriente de Italia por haberse abstenido en la votación del Gran Consejo Nacional Fascista, que en febrero de 1923 aprobó la incompatibilidad con la masonería.

    En los meses siguientes el Gobierno italiano prosiguió su acoso a la masonería de modo que, a través de una denominada Comisión de los Quince, redactó un Informe sobre la masonería que tenían por finalidad facilitar argumentos a Mussolini para decretar la proscripción de la Orden. Así, con el argumento de que durante el Risorgimiento italiano la existencia de las sociedades secretas se había justificado en la servidumbre y sometimiento padecidos por los italianos, el Informe mantenía que en los tiempos actuales de libertad, tales sociedades eran innecesarias e incompatibles con la soberanía del Estado. De esa forma, el 16 de mayo de 1925 la masonería, al ser considerada sociedad secreta, fue prohibida, y en los años siguientes las falanges de camisas negras se ensañaron con los masones, asesinaron a casi un centenar de ellos y arrasaron buen número de logias. El propio gran maestro del Gran Oriente de Italia, Domizio Torrigiani, fue desterrado a la isla de Lipari y al poco tiempo murió.

    Lo que tal vez resulte menos conocido el destacado número de masones comprometidos con el régimen fascista, como Bernardo Barbiellini Amidei (1896-1940), alcalde de Piacenza, diputado por la Lista Nacional Fascista (1924) y miembro del Consejo Nacional Fascista (1929). Uno de los más destacados fue el mariscal y conde Ugo Cavallero (1880-1943), quien recibió la luz masónica el 18 de julio de 1907 en la logia Dante Alighieri de Turín, pasado al grado de compañero el 10 de mayo de 1909 y elevado al grado de maestro el 15 de enero de 1910. Tras salir de la Academia militar, combatió en la Guerra Italo-Turca y ascendió a general de brigada en 1915. En 1925 era subsecretario de Guerra con Mussolini y senador en 1926. Durante II Guerra Mundial, el conde Cavallero fue jefe del Estado mayor general y luego jefe del Ejército italiano en Albania, comandante de las fuerzas italianas de Grecia, y trabajó en tan estrecha colaboración con Alemania, que en 1942 le fue concedida por Hitler la preciada cruz de Hierro. Ascendió a mariscal de Italia pero, tras varias derrotas, fue destituido y acusado de traidor por los alemanes al descubrirse una carta en la que criticaba el fascismo. Su muerte sigue siendo un misterio dado que apareció con un tiro en la cabeza como si se hubiera suicidado. Trágico final que resume a modo de colofón toda una etapa desdichada de la historia italiana y también de la masonería.

Javier Alvarado Planas, Monarcas masones y otros príncipes de la Acacia, Madrid, 2017, tomo I, pp. 167 y ss.