La creencia de que los diputados de las Cortes de Cádiz y, en general, el pensamiento liberal de esta época están dirigidos por las logias masónicas, es completamente errónea.

  Con la invasión napoleónica y subsiguiente supresión de la Inquisición, se extendió en nuestro país una doble masonería bonapartista; francesa y española. En todo caso, hablar de masonería en España en la primera mitad del siglo XIX supone hablar fundamentalmente de la masonería bonapartista. Ya el conde de Toreno —contemporáneo de los sucesos— afirma que Cádiz fue uno de los sitios en los que el gobierno intruso más se esforzó por propagar su masonería, siendo dos las logias principales que lograron establecerse. Es más, asegura explícitamente que la masonería no intervino ni en el levantamiento de 1808 ni en el establecimiento de la Constitución y de las libertades públicas (Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, BAE, 1953, p. 408). Por su parte Alcalá Galiano, en sus Memorias, asegura que «en Cádiz, durante la guerra de la Independencia, semejantes reuniones habían tenido poco influjo». El ser de ellas —añadirá— aún estaba mirado como semiprueba de adhesión a la causa francesa, ya que éstos las protegían y extendían en los lugares ocupados por sus tropas. El análisis de la prensa gaditana de la época corrobora este aserto.

Una de las pruebas de esta actitud de las Cortes de Cádiz, no sólo no influidas por la masonería, sino de franca orientación antimasónica, se encuentra en la Real Cédula fechada en Cádiz el 19 de enero de 1812, en la que se confirma el Real Decreto del 2 de julio de 1751, y se vuelve a prohibir la francmasonería en los dominios de Indias e Islas Filipinas. La unión del trono y el altar en la lucha antimasónica, tan característica del Antiguo Régimen, es enarbolada de nuevo por las Cortes Constituyentes de Cádiz, con un significativo preámbulo de lo que iba a ser una constante a lo largo de todo el reinado de Fernando VII, quien utilizará contra los masones las dos armas más poderosas a su alcance: la policía y la Inquisición.

En efecto, con el regreso de Fernando VII, en 1814, se agudizó la campaña contra la masonería por parte de integristas y clericales. Si el 1 de mayo de 1814 se derogaba la Constitución y la obra de Cádiz, unas semanas después, el 24 de mayo se publicaba en Madrid un Real Decreto prohibiendo las asociaciones clandestinas por el perjuicio que causaban a la Iglesia y al Estado. De esta forma Fernando VII establecía claramente la alianza del trono y el altar en una defensa mutua, ya que de tal «armoniosa unión y mutua ayuda pendía la felicidad del Reino». Por otro lado la clandestinidad, o si se prefiere el secreto, quedaban, una vez más, identificados con un presunto poder en la sombra; poder que, aunque no se menciona abiertamente, tenía un nombre entonces: la masonería, contra la que salía al paso el Real Decreto.  

El 21 de julio de 1814 era restablecido el Tribunal del Santo Oficio, a causa de «las sectas anticatólicas introducidas en la nación durante la guerra de la Independencia». Como consecuencia de la acción inquisitorial llegaron a poder del Santo Oficio español los libros de actas y listas de masones de algunas logias, como, por ejemplo, La Beneficencia de Josefina, sita en Madrid, de la que se conservan hasta ciento seis nombres de sus componentes, de los que diez corresponden a eclesiásticos, entre ellos el abate Muriel, el biógrafo de Carlos IV. Entre los miembros de las logias Santa Julia y San Juan de Escocia de la Estrella de Napoleón encontramos otros diez eclesiásticos. En cualquier caso se trata siempre de logias pertenecientes a la masonería napoleónica introducida en España por la dinastía bonapartista.

Está pendiente de hacerse un estudio profundo de las sociedades secretas del primer tercio del siglo XIX: Y no sólo de la masonería, sino de la carbonería, comunería, de las sociedades patrióticas, de los anilleros, de los reformadores, de las sociedades de amigos, de las asociaciones de estudiantes, iluministas, etc. En este sentido hay que hacer constar la intromisión foránea, que desvirtuó el espíritu de muchas sociedades secretas y las apartó de su auténtico y primitivo fin. De esta manera, la ideología teísta y objeto filantrópico que les eran propios en el siglo XVIII quedaron en no pocos casos —sobre todo en los países latinos— superados o arrasados por la irrupción de los intrusos revolucionarios románticos, que utilizaron dichas sociedades secretas, y en especial la masonería, como plataforma para la preparación de la revuelta romántica.

Por otra parte, en la prensa y escritos antirreformistas, al atacar a los liberales, muchas veces se insinúa o incluso se afirma categóricamente que éstos eran adictos a la masonería. Para no pocos conservadores clericales el liberalismo no era sino una conspiración masónica permanente.

Estamos, pues, ante un grupo social, los masones, cuya existencia es considerada por unos como un instrumento en manos de los franceses, y por otros como los portadores de una ideología que anunciaba mejoras y reformas y que además predicaba la libertad.

Hasta el año 1813 no tenemos  noticias de una logia gaditana de matiz liberal. Alcalá Galiano nos cuenta su entrada en ella en octubre de ese año. Allí encuentra a Mejía Lequerica y a Francisco Istúriz. No obstante, la masonería apenas tuvo importancia en el Cádiz de las primeras Cortes. Sin embargo resulta llamativo el que se haya dicho y se siga diciendo, con un desconocimiento histórico de la realidad del momento, que casi todos los diputados de Cádiz se afiliaron a la masonería, siendo en su seno donde se elaboró la Constitución de 1812.

Pero también es importante recordar que los hombres, las ideas y las instituciones dan un cambio radical con la vuelta de Fernando VII. Es ahora cuando resulta que esa masonería que de 1809 a 1814 fue considerada por muchos como antipatriótica porque era un instrumento en manos de los franceses y del rey «intruso», ahora en 1820, con el regreso del exilio de tantos españoles adquiere una nueva vitalidad y orientación al presentarse solidaria de una ideología que es precisamente la que anunciaba mejoras y reformas y además predicaba la libertad.

Con este programa la masonería se atrajo a los intelectuales de la época, y, sobre todo, a la juventud. Los mismos masones fueron los primeros en hacer creer que la labor de las Cortes de Cádiz había sido inspiración suya. No falta quien asegura que la masonería les tendió a los emigrados políticos españoles, primero en Inglaterra y después a su llegada a España, la única mano amiga, con lo que logró acreditarse ayudándoles en los momentos más difíciles. Esto que en el caso de Francia es más claro, sin embargo no lo es tanto en el de Inglaterra, ya que en los archivos de la Gran Logia de Inglaterra no hay un solo documento que lo confirme. Concretamente no hay rastro en las listas de masones de Londres, de ninguno de los siguientes españoles, que pueden ser quizá los más representativos: general Miguel R. de Alava, Antonio Alcalá Galiano, Agustín Argüelles, José Mª Calatrava, José Canga Argüelles, Juan Florán, Manuel Flores Calderón, Álvaro Flores Estrada, Ramón Gil de la Cuadra, Francisco Javier Istúriz, Juan Ignacio López Pinto, Juan Alvarez Mendizábal, general Francisco Milans del Bosch, general Juan Palarea, Juan Romero Alpuente, general Evaristo San Miguel, general José Mª Torrijos, Cayetano Valdés.

Alcalá Galiano confiesa en sus memorias que ingresó en la Orden por el convencimiento de que le traería grandes ventajas en sus viajes. Por lo que respecta a Lista, confiesa que su ingreso en la masonería «fue más un objeto de curiosidad que otra cosa». Respecto a la logia en que se dice ingresó Alcalá Galiano, así como la atribuida al conde de Toreno no tenemos la menor noticia documental.

Y si de Cádiz pasamos a Hispanoamérica y al presunto influjo de la masonería en su independencia, nos encontramos con otro de los puntos conflictivos y polémicos de la historia de la masonería española. Según los datos recogidos en el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, de Frau y Arús, se puede decir que, de hecho, la masonería se introdujo en Hispanoamérica ya entrado el siglo XIX. Las fechas que se dan para los distintos países son las siguientes: Venezuela (1809), Chile (1817), Colombia (1827), Perú (1830), México (1840), Uruguay (1855); en 187 se crea el Supremo Consejo del Rito Antiguo y Aceptado para la América Central, cuyo centro se establece en San José de Costa Rica; puerto Rico (1871), Paraguay (1889), Panamá (1907), Bolivia (1916), etc. 

La aparición de la masonería es, pues, en la mayor parte de los casos bastante posterior a la independencia. Y en los otros casos cabría preguntarse si la presencia de la masonería en Hispanoamérica es causa o más bien consecuencia de la independencia. Tan solo consta la presencia de algunas logias masónicas a finales del siglo XVIII, y por consiguiente anteriores al movimiento emancipador, en cuatro países: Cuba, Argentina, Nicaragua y Santo Domingo.

Este aspecto del papel desempeñado por los llamados libertadores o prohombres de la independencia, en cuanto miembros o no de la masonería, es una cuestión que necesita, igualmente, de clarificación, ya que la misma divergencia que existe respecto al general San Martín, se puede apreciar en el caso de Simón Bolívar. De éstos quizá el más curioso resulte el decreto de prohibición de las sociedades secretas dado por Simón Bolívar en Bogotá, el 8 de noviembre de 1828, en el que quedan anatematizadas «todas las sociedades o confraternidades secretas sea cual fuere la denominación de cada una». De esta prohibición de Simón Bolívar, a quien junto a Francisco Miranda se suele situar en las filas de la masonería, siendo éste precisamente uno de sus títulos de gloria o denigración (según el ángulo con que se mira), se suele hablar poco. No obstante, resulta curiosa la fundamentación ideológica que el mismo Bolívar hace en dicho decreto de la subsiguiente prohibición. Dice así: “Habiendo acreditado la experiencia, tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido; que ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del ministerio hacen presumir fundadamente que no son buenas, ni útiles a la sociedad, y por lo mismo excitan sospechas y alarman a todos aquellos que ignoran los objetos de que se ocupan, oído el dictamen del Consejo de Ministros…”. 

     Extractado de: José A. Ferrer Benimeli, "Las Cortes de Cádiz, América y la masonería", en Cuadernos Hispanoamericanos, América y las Cortes de Cádiz, Octubre nº 460 (1988), pp. 7-34.

EL MITO DE LA MASONERÍA EN CORTES DE CÁDIZ