La forma en que el Sector Público lleva a cabo las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos hace que sea necesario diferenciar la Gestión Pública de la mera Administración. Éste es el propósito del primer tema. Con carácter general, el concepto de lo que hoy conocemos como Gestión Pública ha evolucionado a lo largo del tiempo, tratando de incorporar elementos propios del sector privado y adaptarlos a las peculiaridades de la acción pública. Se trata de un concepto sometido a cambios importantes que ha superado los aspectos meramente gerenciales para incorporar otros elementos de gran relevancia asociados a la idea de entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), de liderazgo participativo, de transparencia, de proximidad al ciudadano...

Junto a los recursos financieros, la actuación pública precisa del concurso de recursos humanos. El capital humano al servicio de la Administración Pública presenta perfiles diferenciales que son abordados en el tema dos. El empleo público, la Administración orientada al ciudadano, el hecho de que éste haya dejado de ser un mero administrado para convertirse en cliente o de que la actividad pública sea no sólo una actividad productiva, sino generadora de servicios (servucción) son -entre otras- las cuestiones analizadas en él.

La Gestión Pública de nuestros días debe estar presidida por las ideas de transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno… para que los ciudadanos sepan en qué se emplean sus recursos y cómo se optimiza su uso, y puedan llevar a cabo una interacción ágil y fluida con los responsables de la acción de gobierno. En qué medida estos objetivos se han conseguido, sobre todo después de la aprobación de la conocida como Ley de transparencia, será el leitmotiv del segundo tema del programa de la asignatura.

Cuando se analiza la actuación pública se suele hacer hincapié en las peculiaridades que la misma presenta en comparación con la gestión privada. La importancia del quehacer público ha hecho que se vea con cierta preeminencia y al margen de cualquier tipo de control de calidad, a diferencia de lo que ha ocurrido con el sector privado, en el que la implantación de modelos de excelencia cuenta con una dilatada trayectoria. Sin embargo, esto ha cambiado y, si bien hay que tener en cuenta ciertos perfiles diferenciales -dado el carácter prestacional de gran parte de la actividad pública que dificulta la medición de resultados-, también la medición de la calidad del quehacer público es parte importante a la hora de concebir el diseño de las políticas y la evaluación de sus resultados. De ahí que se dedique el tema cuatro al estudio de los modelos de calidad en el entorno público.

El segundo bloque temático de la obra se inicia con la descripción de cómo se elaboran las políticas públicas. ¿Qué es lo que configura su contenido? ¿Cómo pasan las preocupaciones de los ciudadanos a formar parte de la agenda de los políticos y a orientar la acción de gobierno y determinar el contenido de las políticas públicas? ¿Cuáles son las fases que integran el ciclo de las políticas públicas? También se insiste en la importancia de la evaluación y de los indicadores como parte fundamental de la misma y se explica el diseño de indicadores para evaluar programas de contenido social ya que varios de los temas siguientes se dedican al estudio de las políticas orientadas al bienestar de los ciudadanos, especialmente a aquéllas que consisten en el suministro de bienes preferentes y que integran el Estado del bienestar.

Conocidos el cómo y el qué del quehacer público, entendemos que el paso siguiente es describir con detalle cuáles son las principales responsabilidades de la acción de gobierno y, sobre todo, a qué retos se enfrenta a la hora de dar cobertura a las necesidades preferentes de los ciudadanos. Por eso, los cinco capítulos siguientes se dedican al análisis de sendas políticas orientadas al bienestar de la población.

El primero de ellos se centra en la sanidad. La protección de la salud de la población es un hecho de gran trascendencia, no sólo para el propio individuo, sino para la sociedad en su conjunto, dadas sus importantes externalidades positivas. La propia Constitución así lo reconoce en su art. 43 y, aunque parece que no se discute la mejor posición del Sector Público para garantizar su tutela por razones de equidad, se trata de analizar también si la acción pública en este campo está justificada desde el punto de vista de la eficiencia. Una sociedad crecientemente medicalizada, que exige pruebas diagnósticas cada vez más sofisticadas y tratamientos más eficaces y personalizados, que se enfrenta al problema del envejecimiento de su población y, consecuentemente, a la cronificación de muchas enfermedades y a la aparición de otras, constituye sin duda un escenario diferente a la hora de plantear el diseño de las políticas sanitarias y requiere más recursos para avanzar en el ideal de cobertura que todos deseamos. Analizar los logros, los temas pendientes y los retos a los que se enfrenta el cuidado de la salud de los que residimos en España, dada la cobertura universal que suministra el Sistema Nacional de Sanidad, es el objetivo de este tema.

Tener una población sana es el primer logro al que aspira cualquier Estado mínimamente desarrollado. Pero eso no es suficiente. Además, la población debe estar instruida. La educación goza también de importantes efectos externos positivos y cualquier sociedad que se precie de ser avanzada debe conseguir el acceso universal de sus miembros a una educación de calidad. Es cierto que el modelo educativo en nuestro país no goza de muy buena salud en estos tiempos, sobre todo a la vista de los resultados ofrecidos por algunos informes internacionales. El contenido de las enseñanzas cambia muy rápidamente, como lo hace el perfil de los alumnos, sus expectativas, el entorno laboral en el que deberán ejercer sus conocimientos, las propias formas de enseñar –como consecuencia, sobre todo, del impacto de las nuevas tecnologías-. Son muchos, sin duda, los retos a los que la educación se enfrenta en nuestro país y a su exposición se dedica el tema séptimo de la asignatura.

Un mero repaso a los titulares de los medios de comunicación pone de manifiesto la creciente preocupación de los ciudadanos, y no sólo de los actuales pensionistas, por la sostenibilidad de las pensiones. El envejecimiento del modelo, construido en un momento económico muy concreto y con un comportamiento de las principales variables demográficas sustancialmente diferente al actual (con un alarmante descenso de la tasa de natalidad, un saldo migratorio que ha pasado de unos períodos de claro predominio de la inmigración sobre la emigración a otros en los que, como consecuencia de las últimas crisis, se ha producido el regreso a sus países de procedencia de muchos inmigrantes y ha forzado la salida de españoles, sobre todo jóvenes y cualificados al extranjero en busca de mes oportunidades de vida) y una esperanza de vida de las más elevadas del mundo parecen haber hecho mella en el futuro de las pensiones. El debate sobre su viabilidad se enturbia, en no pocas ocasiones, por la imprecisión de los conceptos manejados en el ámbito público y por las “verdades contadas a medias” no siempre por desconocimiento. Por ello, nos ha parecido de gran interés dedicar un tema a desentrañar los entresijos del funcionamiento de las pensiones en España, bajo las premisas de un sistema de reparto, y a analizar con objetividad las debilidades y fortalezas de dicho modelo.

En momentos en que las dificultades de acceso al crédito se disparan, al tiempo que lo hace el precio de la vivienda, el derecho a una vivienda digna que se recoge en el texto Constitucional, que en su art. 47 señala que: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, parece convertirse en una utopía. Las dificultades de este mercado en el que la compraventa y el alquiler están estrechamente relacionados y dependen no sólo del precio, sino del marco regulatorio vigente, bien merecen un tema específico, en concreto, el noveno.

El impacto de la crisis de 2008 puso de manifiesto que el desempleo y la pérdida de ingresos procedentes del trabajo podían afectar a amplios colectivos de la población y de forma persistente. Las cifras de desempleo de España durante estos años han estado muy lejos de las de otros países de nuestro entorno económico más cercano y, paradójicamente, las políticas para combatirlo parece que no han sido todo lo eficaces que se esperaba. A la crisis de 2008 la han sucedido la pandemia y, más recientemente, la guerra de Ucrania, con las graves consecuencias que todo ello ha comportado en términos de empleo y de pérdida de ingresos. Esto nos ha llevado al agravamiento de la pobreza y a la aparición de nuevas formas de exclusión social que chocan con el mantenimiento de un Estado del bienestar que no está tan desarrollado como pensábamos antes de la pandemia del Covid-19. Por supuesto que no se trata sólo de dar respuesta a una inquietud de la población que las encuestas del CIS han recogido con insistencia, se trata de profundizar, desde el punto de vista del análisis económico, en el estudio de las medidas que se pueden acometer para paliar sus efectos nocivos, no sólo para los individuos, sino para la sociedad en su conjunto; de ver qué se ha hecho, qué falta por hacer y cómo se podrían conseguir mejores resultados. Éstos son los objetivos del tema décimo del programa.

Los dos últimos temas abordados en el temario de la asignatura son consecuencia de la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades que la acción de gobierno reviste en un marco administrativo fuertemente descentralizado, que ha transferido importantes competencias al nivel de gestión autonómico y que cuenta con una Administración muy cercana al ciudadano, en el ámbito local. Como se ha visto en los temas anteriores, muchas de las funciones del Sector Público orientadas al suministro de los bienes preferentes descansan en las Comunidades Autónomas por lo que conocer cómo funcionan y a qué retos se enfrentan reviste un especial interés.

Los dos últimos temas abordados en el temario de la asignatura son consecuencia de la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades que la acción de gobierno reviste en un marco administrativo fuertemente descentralizado, que ha transferido importantes competencias al nivel de gestión autonómico y que cuenta con una Administración muy cercana al ciudadano, en el ámbito local. Como se ha visto en los temas anteriores, muchas de las funciones del Sector Público orientadas al suministro de los bienes preferentes descansan en las Comunidades Autónomas por lo que conocer cómo funcionan y a qué retos se enfrentan reviste un especial interés.