En virtud de la aplicación de la pragmática de Carlos III de 1767, la expulsión de la Compañía de Jesús de España y de sus dominios (1767-1814) afectó a más de 5.000 jesuitas (2.740 en España, y 2.606 en Hispanoamérica), casi una cuarta parte del total de miembros de la Compañía de Jesús.

La campaña contra la Compañía de Jesús comenzó en 1754, con la caída del marqués de la Ensenada, todopoderoso ministro de Fernando VI (y señalado amigo de los jesuitas), que dio como resultado la accesión al poder del llamado segundo equipo ministerial de Fernando VI, y significativamente anti-jesuítico. Entre ellos figuró Ricardo Wall, el duque de Huéscar, enemigo personal de Ensenada, junto con su protegido Manuel de Roda, más tarde secretario de Gracia y Justicia de Carlos III. Uno de los hechos más ruidosos en los primeros meses del nuevo ministerio fue la exoneración de Francisco de Rávago como confesor real. Con su marcha de la Corte acabó definitivamente la larga e ininterrumpida serie de confesores jesuitas, tradicionales directores de conciencia de los Borbones franceses, que, al instaurar su dinastía en España, optaron por los jesuitas en vez de los dominicos, como había sido costumbre con los Austrias.

En toda la literatura, tanto oficial como oficiosa, contra los jesuitas, se barajan con más frecuencia los motivos aparentes que los verdaderos que precipitaron su expulsión. Se ha achacado a una campaña anticlerical y antirreligiosa auspiciada por las ideas de la Ilustración y las maquinaciones secretas de la masonería, aduciendo hechos históricos que podían, hábilmente manipulados, desprestigiar a la Compañía de Jesús, como el llamado «estado jesuítico» del Paraguay, la oposición al Tratado de límites con Portugal (1750) y la intervención en el motín contra Esquilache. Añádase a esto la oposición de otros religiosos, como los escolapios, por razón de competencia en el mundo de la enseñanza; los agustinos, por haber los jesuitas condenado las obras del cardenal Enrico Noris, uno de su teólogos más representativos; los carmelitas descalzos, muy empeñados en la beatificación de Palafox, y los franciscanos y dominicos, que en parte se sintieron aludidos en las burlas que Francisco José Isla hacía en su Fray Gerundio de Campazas de los predicadores hinchados e ininteligibles de la época. Por otra parte, no cabe duda de que el haber detentado por tantos años el confesonario regio había concitado envidias y rencores a la Compañía de Jesús.

Pero en realidad, la expulsión de la Compañía de Jesús se debe a un conjunto de causas que hay que situar preferentemente en un plano político y social.

Político, porque en la segunda mitad del siglo XVIII había una guerra declarada entre el despotismo ilustrado, que actuaba en clave decididamente regalista, y el principio de autoridad de Roma. Los jesuitas estaban claramente clasificados en el bando de los «ultramontanos» partidarios de Roma.

Social, por lo que se refiere a España, porque desde el inicio del reinado de Carlos III, se había roto una tradición de siglo y medio que asignaba los altos puestos de la política a los miembros más cualificados de la nobleza y a los ministros procedentes de los Colegios Mayores (a los que sólo tenían acceso los nobles), a los que sucedieron (salvo en el caso de Aranda y poco más) hombres de origen oscuro, que habían pasado por las universidades en calidad de «manteístas». El origen humilde los hombres de más peso en el nuevo gobierno (Campomanes y Roda), les había cerrado una serie de puertas que estaban abiertas de par en par a los colegiales mayores y a los ex-discípulos nobles de los jesuitas.

Cuando el 29 de mayo de 1815, Fernando VI revocó la pragmática de su regio abuelo, contemplaba a los jesuitas con una óptica muy diferente. La Compañía de Jesús era, según el decreto, «antemural inexpugnable de la religión santa de Jesucristo, cuyos dogmas, preceptos y consejos son los que sólo pueden formar tan dignos y esforzados vasallos, como han acreditado serlo los míos en mi ausencia, con asombro general del universo». No solo los Borbones volvían a ser afectos a la Compañía de Jesús; era necesario contar también con la crisis de valores, que, desde el estallido de la Revolución Francesa (1789), había cambiado de manera radical el curso de la historia.

Pero lo cierto es que Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde Aranda (1719-1798), Grande de España y poseedor de 23 títulos nobiliarios, ha pasado a la historia como un enciclopedista y volteriano, fundador de la masonería en su patria y principal realizador de la expulsión de los jesuitas. Esta imagen, consagrada en parte por Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los Heterodoxos Españoles, ha sido el retrato oficial de Aranda por muchos decenios.

En cuanto a su cursus honorum, fue embajador en Portugal (1755-1756), y en Polonia (1760-1762), general en jefe del ejército español que invadió Portugal (1762-1763), capitán general, presidente de la Audiencia y virrey de Valencia (1765-1766), presidente del Consejo de Castilla —el cargo más importante del Estado después del rey—  y capitán general del mismo reino (1766-1773), embajador en París (1773-1787) y secretario de Estado o primer ministro de Carlos IV (febrero-noviembre 1792).

Fue discípulo de los jesuitas; José Martínez y Tomás Cerdá de la provincia de Aragón intervinieron en su primer instrucción y, en los años treinta, fue alumno del Colegio de Nobles de los jesuitas de Parma. Pero lo más curioso es que Aranda tuvo un hermano jesuita, Gregorio de Iriarte.

El conde socorrió con largueza a los jesuitas desterrados en Italia desde su puesto de embajador en París. Ninguna carta de jesuitas, ni siquiera el diario de Manuel Luengo, culpan una sola vez de su desgracia a Aranda; se habían felicitado por su nombramiento el año anterior, y expresarán su «melancolía» por el hecho de que no podría protegerlos con la misma eficacia que si hubiera continuado en su alto cargo de gobierno en Madrid.

Al incubarse el proceso de expulsión, Aranda estaba al frente del Consejo de Castilla. Carlos III, que nunca le tuvo simpatía, le había nombrado presidente del mismo porque con motivo de los motines contra Esquilache, sólo un militar del prestigio del conde podía enderezar la situación. El Rey había huido al real sitio de Aranjuez y, extraordinariamente protegido por fuertes destacamentos militares, encomendó a Aranda el objetivo fundamental de pacificar Madrid.

El hecho es que las reuniones prosiguieron a espaldas de Aranda y que éste ni siquiera participó en las consultas previas a la pragmática que expulsaría a los jesuitas de España. En ellas, sin embargo, se puso mucho empeño, sobre todo por parte de Roda, en que Aranda, como presidente del Consejo de Castilla, fuera el responsable último de la ejecución de la expulsión de los jesuitas. Sin duda el prestigio de Aranda iba a dar una fuerza y legitimación mayores a la pragmática de Carlos III.

Se podrían aducir numerosos textos de contemporáneos que exculpan a Aranda de toda posible participación en el extrañamiento de los jesuitas. Uno solo, aunque muy clarificador, es el de Simón de las Casas, embajador español en Venecia (1792): «Toda Europa le atribuye [a Aranda] la expulsión de los jesuitas de España. No tuvo en ello ninguna parte; fue encargado de la ejecución, y en eso consistió todo. Fue uno de los últimos a quien se le comunicó la orden, cuando tal negocio estaba ya resuelto, y jamás supo una palabra de la negociación que, en orden a la extinción de la Orden jesuítica, siguió al extrañamiento de los jesuitas».

Extractado de I. Pinedo (S. J.), voces “Aranda, conde de” y “Expulsión de los Jesuitas”, en Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, dirigido por Charles E. O´NEILL y Joaquim Mª DOMÍNGUEZ, Roma-Madrid, 2001, Vol. I, pp. 212-213 y  vol. II, pp. 1347-1353.