El Observatorio Paz, Seguridad y Defensa del IUGM nació en diciembre de 2022 como una unidad propositiva programática capaz de generar y transferir conocimientos claves en materia de seguridad y defensa en un contexto global.

La reunión ha consistido en una reunión de expertos y ha versado sobre el tema “Capacidad de Despliegue Rápido de la UE”. Con la incorporación de la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) al modelo existente de gestión de crisis en la UE, se abre un futuro complejo para la UE en la forma de reaccionar ante las crisis que ésta percibe y ello requiere un análisis.

La finalidad de este evento es, por tanto, profundizar en el análisis de los aspectos que puedan ayudar a definir la postura española sobre el desarrollo de estos nuevos instrumentos para la gestión de crisis, ofreciendo una posible solución a través de un catálogo de propuestas concretas, desde la posición e interés nacional de España, para avanzar en los próximos años 2023-2024.

La reunión ha consistido en una reunión de expertos y ha versado sobre el tema: “Nueva iniciativa de la Unión Europea hacia la adquisición conjunta en el ámbito de Defensa”. Se trata de una nueva iniciativa de la UE para el fortalecimiento de sus capacidades, su base industrial y tecnológica defensa, hacia un marco de adquisición conjunta de la UE en el ámbito de la defensa.

El objetivo fundamental de este ejercicio, es saber cómo encaja las nuevas EDIRPA y EDIP en las iniciativas anteriores establecidas desde 2017 por la EDA, también discernir sobre el interés de España en estos nuevos instrumentos y cuál podría ser nuestra postura en su puesta en marcha y desarrollo.

La temática del tema de la reunión anterior que tuvo lugar el pasado 25 de enero estuvo referida a la nueva “Capacidad de Despliegue Rápido de la UE”.

Nota en PDF

El tema de análisis ha sido el “Establecimiento de directrices generales a seguir por todos los estudios formativos actuales de todos los niveles relacionados con la cultura de seguridad nacional”.

De acuerdo con lo dispuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, se ha establecido el proyecto de aprobar un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de catalizador para la implantación progresiva de una cultura de Seguridad Nacional inclusiva, participativa y colaborativa, con el fin de reforzar el Sistema de Seguridad Nacional, mejorar la coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad.

El OPSD del IUGM pretende ofrecer un documento (Libro Blanco) analizando los aspectos que determinan esas directrices generales anteriormente mencionadas de manera que se pueda apoyar a los organismos competentes a dar el impulso adecuado al Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

España y su Ubicación Geoestratégica

Con motivo del comienzo de la presidencia española del Consejo de la UE, el encuentro supuso una oportunidad científica y reflexiva, para abordar las cuestiones geoestratégicas que influyen sobre España en la actualidad.

El seminario abordó el papel que debería jugar España en el nuevo contexto internacional, todavía en evolución y difícilmente identificable, como ha quedado patente desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, la España democrática no ha logrado establecerse como un actor geoestratégico de primer orden, como consecuencia de no haber desarrollado una verdadera estructura estatal de Seguridad Nacional; cuestión que resulta especialmente llamativa por las claras amenazas que se derivan de su situación geopolítica –con un territorio dividido entre la península, dos archipiélagos y varios enclaves norteafricanos– y por constituirse el Estrecho de Gibraltar como uno de los chokepoints internacionales más relevantes.

La principal dificultad se origina en la falta de líneas estratégicas nacionales claras, producto de los desafíos en la gobernabilidad interna del país o la carencia de una comprensión precisa de lo que constituye una estrategia, tanto en la sociedad en general como entre los líderes políticos en particular.

En este sentido, los más recientes documentos estratégicos españoles han mostrado principalmente una actitud reactiva ante potenciales riesgos para la seguridad nacional, centrándose en preservar el statu quo actual. Simultáneamente, los intereses y objetivos de seguridad de España carecen de una definición clara y se presentan como difíciles de traducir en una estrategia nacional estable a lo largo del tiempo, incluso ante cambios en la Administración.

Otro debate reside en sí, realmente, la debilidad o ausencia de una verdadera Cultura de Seguridad y Defensa constituye el principal obstáculo para la definición de los intereses y objetivos nacionales. Aunque España no ha desempeñado un papel central en la geopolítica reciente ni ha definido claramente su posición en el mundo, a excepción, posiblemente, de la Transición, la falta de confianza de la ciudadania en la influencia internacional real del país se ha visto afectada. Es importante destacar que esta influencia es considerablemente mayor de lo que generalmente se percibe, a pesar de la limitada cohesión política interna.

Sin embargo, este aspecto no carece de cierta controversia, ya que alguna nación europea importante está adoptando la política de seguridad nacional de España a su propia realidad, reproduciendo, casi literalmente la visión española en relación con la promoción de la Cultura de Seguridad. De igual manera, se puede considerar que, aunque España no tiene una ambición estratégica significativa, su Estrategia de Seguridad Nacional describe de manera bastante coherente tanto la posición general del país en el mundo como la necesidad de tener una visión global, aunque con una mayor atención a lo regional.

Como conclusión, hubo un consenso casi unánime de que el país debe adoptar una postura más proactiva en sus relaciones bilaterales en el futuro. Además, se destacó la necesidad de que su posición internacional no dependa exclusivamente de instituciones supranacionales. Si bien Madrid ha buscado establecer fuertes vínculos en temas de seguridad con la ONU, OTAN y UE, con el objetivo de contar con su respaldo o el de algún país aliado en momentos de crisis, la realidad es que la nación es considerablemente más resistente de lo que percibe la opinión pública. España tiene la capacidad plena de abordar, de manera individual, muchas, si no todas, de las principales amenazas y riesgos que afectan su seguridad.

24 de octubre de 2023

Resumen ejecutivo

El grupo de trabajo comenzó planteando la pregunta de si en España existe una política nacional de seguridad y defensa. Para responder a esta cuestión, las intervenciones de los expertos giraron alrededor de las siguientes ideas.

Se observó que en España existe una tendencia a ajustarse a políticas previas, con objetivos políticos esenciales que presentan continuidades. En el ámbito internacional, se destacaron desafíos como el cambio en el modelo geopolítico global y la falta de liderazgo en organizaciones internacionales. Se identificó a Rusia como una amenaza para Europa y se discutió el riesgo asociado al uso privado de tecnologías disruptivas. Se enfatizó la necesidad de reforzar la colaboración internacional y la importancia de incorporar objetivos estratégicos a las políticas españolas. También se mencionó la relevancia de la estabilidad regional, especialmente en relación con África, y se cuestionó si España debiera centrarse exclusivamente en Europa o establecer conexiones más amplias.

Por otro lado, se resaltó la importancia de adaptarse a un entorno incierto, donde destaca el cambio del paradigma de seguridad, influenciado por las acciones híbridas de Rusia a las que ha reaccionado enérgicamente la OTAN. Por parte de la UE, se resalta el papel de la Brújula Estratégica y la Política Común de Seguridad y Defensa en la gestión del cambio, enfatizando la necesidad de respaldar la acción de las instituciones europeas y lograr coherencia en las estrategias que se utilicen. Tanto la Brújula Estratégica como la PCSD constituyen herramientas útiles para gestionar el cambio, subrayando la necesidad de respaldar la acción de las instituciones europeas y buscar coherencia en las estrategias de los países. Se aborda el desafío de armonizar objetivos y recursos en Europa, señalando la ineficiencia derivada de la falta de coordinación.

Asimismo, la amenaza del terrorismo y la presión estratégica de Estados Unidos contra China son factores esenciales que considerar, en particular teniendo en cuenta el posicionamiento de los socios dentro de la OTAN. Es indispensable una mayor integración en las acciones de nuestros socios, más allá de los aliados inmediatos y la importancia de la comunicación estratégica, especialmente en regiones como el Sahel.

El Observatorio destacó la significación de los recursos y socios existentes, con el objetivo de mediante la planificación estratégica debe servir para reducir la incertidumbre actual que caracteriza al contexto mundial.

Existe un cambio de paradigma en la seguridad, influido por las acciones híbridas de Rusia y la preparación previa dentro de la OTAN. Se destacó la ineficiencia derivada de la falta de coordinación entre los objetivos y los recursos en Europa. La amenaza del terrorismo y la presión estratégica de Estados Unidos contra China resaltan la importancia del posicionamiento de los socios dentro de la OTAN que España debe tener muy en consideración. En esta línea, es preciso integrar otros socios más allá de los aliados inmediatos.

Las estrategias de seguridad son mayormente reactivas y carecen de una visión a largo plazo. España se alinea principalmente con la UE, pero esta carece de claridad en sus objetivos, a diferencia de otras potencias como China y Rusia. Las estructuras europeas son menos sólidas y España se encuentra rezagada. Incluso dentro de Europa, los Estados individuales tienen más determinación en sus objetivos de política exterior que la propia UE. Las estrategias están influenciadas por las circunstancias actuales y reflejan los intereses nacionales. Pese a la situación descrita, España aún no contempla un cambio de paradigma en el sistema de seguridad global. Se destaca la rigidez de la UE en seguir procedimientos establecidos.

Es esencial reconocer la magnitud del cambio actual, con una reducción del multilateralismo y ciertos cuestionamientos sobre el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Se plantea el liderazgo mundial en un contexto de vacío de autoridad en el orden global. La dicotomía entre la autonomía estratégica y los intereses internacionales presenta desafíos, especialmente en temas como la gestión migratoria.

Las conclusiones principales obtenidas durante la reunión abordan la combinación de continuidad y cambio en la política de seguridad y defensa en España, sin llegar a un consenso sobre el porcentaje de cada uno de ellos. Es preciso atender a la diversidad del entorno de seguridad, con especial atención al papel de Rusia en el conflicto en Ucrania y si esto representa una novedad o continuidad. La discusión sobre los roles de España en la OTAN y la UE, así como la relación entre recursos y continuidad en la política de seguridad, requiere de un análisis continuado y profundo desde los ámbitos políticos y conceptuales. Asuntos como el multilateralismo, la coordinación entre agencias y el papel de España en la toma de decisiones internacionales seguirán siendo debates abiertos en los próximos meses.

Sexta reunión OPSD IUGM – Invitación Grupo de Expertos

CONFLICTO EN GAZA

Los expertos discutieron el conflicto actual en Gaza, considerándolo el más grave desde la Segunda Guerra Mundial, por las posibles derivaciones regionales y globales. Esta histórica rivalidad ha alimentado tensiones en las relaciones entre Oriente y Occidente en los últimos años.

La guerra en Gaza es un conflicto asimétrico entre Hamás e Israel, con objetivos claros para los palestinos y una estrategia reactiva por parte de Israel centrada en destruir los túneles de Hamás. Se plantea una prolongada y desafiante situación para Israel.

A nivel político, hay desacuerdo entre EEUU e Israel sobre la posguerra, con propuestas estadounidenses para la administración de Gaza por parte de la Autoridad Palestina y una fuerza internacional de desmilitarización. Israel se opone a esta postura, pero consideraría una fuerza multinacional árabe. La guerra implica tres niveles: el enfrentamiento directo, una guerra regional contra milicias financiadas por Irán y alianzas globales similares a la situación en Ucrania, sugiriendo un potencial para una conflagración más amplia con un desenlace incierto.

El conflicto en Gaza implica cuestiones éticas, emocionales y políticas, y la idea errónea de resolverlo con “dos estados” pasa por alto la retórica que exige la desaparición de Israel. Los palestinos carecen de autocrítica, pero el argumento pro-palestino ha tenido éxito en la creación de una retórica propagandística. Israel enfrenta tensiones al definirse como un estado judío, con retroceso de posturas progresistas y falta de explicación efectiva a nivel internacional. En la actualidad, la respuesta israelí se percibe como desproporcionada. Se destaca el éxodo masivo de palestinos y se advierte contra subestimar la amenaza terrorista.

La consecución de un acuerdo práctico entre Israel y Palestina requiere un objetivo político aceptable para ambas partes. Aunque hubo intentos de negociación en 1991, el conflicto actual con Hamás y otras milicias palestinas hace la situación más compleja. Israel se enfrenta a la opción de eliminar a Hamás, algo ciertamente difícil. En sociedades polarizadas como la israelí no es sencillo hacer concesiones, lo que dificulta que Israel alcance un acuerdo.

La intervención de actores externos, como ciertos países árabes moderados, constituye un importante desafío. Sin solución política, las capacidades militares son ineficaces y una fuerza multinacional en Gaza no garantiza la seguridad si Israel no destruye los túneles. El "día después" plantea interrogantes sobre la administración de Gaza; la impopular Autoridad Palestina y el control de Hamás complican la búsqueda de soluciones. Se sugiere un alto al fuego y despliegue de fuerza internacional, pero se subraya la necesidad de buscar ante todo una solución política.

Aunque España carece de intereses clave en la región, su relación especial con Israel no le confiere gran influencia. La relación de España con el mundo musulmán y con Israel es compleja. Aunque los españoles dependen más de Israel que la Unión Europea, no pueden asumir un papel protagonista. Quizás, España debería seguir la posición general de la Unión Europea, que tiene que evaluar su interés en el conflicto y, en su caso, asumir el coste del fracaso –no tiene ni capacidad ni influencia para resolverlo–. En este punto de la postura a mantener por la UE y España, se plantea que el análisis se enfoca, erróneamente, desde la perspectiva de la ideología hegemónico-liberal occidental. De manera más realista, España, en ocasiones, debe participar en las iniciativas sin comprometerse con ninguna de las partes.

El problema de Europa es que aborda el conflicto en términos de derechos humanos, una perspectiva que puede no ser la más efectiva. Los gobiernos no son ONG. Si la Unión Europea desea desempeñar un papel, debe evitar perder la amistad del mundo árabe. La coordinación con Estados Unidos es esencial, y también implica exigir a Jordania su responsabilidad histórica en el conflicto.

La crisis actual, aunque grave, no es nueva en este conflicto. Para avanzar, se sugiere el reconocimiento de dos estados con intercambio de territorios y el liderazgo de EEUU en negociaciones directas entre Israel y Palestina. Se aboga por un enfoque multilateral con la participación de Estados Árabes. En cualquier caso, soluciones que impliquen la creación de “guetos” no funcionarán, ya que la paz en la región depende de resolver el conflicto, que alimenta la retórica de las organizaciones extremistas.

Es esencial considerar el nivel de la guerra en Oriente Medio en el que los intereses de EEUU y China convergen. A pesar de las tensiones entre ambas potencias, Pekín –socio comercial clave para Irán, Arabia Saudí e Israel– desempeñará un papel más destacado en las negociaciones.

El conflicto en Gaza refleja una nueva tendencia caracterizada por el aumento de actores que emplean la fuerza de manera contundente. Este cambio de paradigma sugiere la necesidad de abandonar la estrategia previa de aislar el conflicto y estabilizar la región. La política de Israel, que anteriormente buscaba la contención, se ve ahora obligada a imponerse ante actores que amenazan con el uso de la fuerza.

Tras el 7 de octubre, Israel se ha sentido desamparada, experimentando una falta de respaldo por parte de la UE. La dificultad de sobrevivir con problemas territoriales cercanos es evidente. Además, Jordania evita involucrarse en la cuestión palestina.

Israel sostiene que la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL) no ha logrado su propósito, particularmente en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas libanesas para expulsar a Hezbolá. Sin embargo, ante una tarea políticamente irrealizable, la FINUL ha cumplido su misión en cuanto limitar el grado de la violencia, aunque no la impida.

La perspectiva es que se avecina un conflicto más amplio. Mientras Israel tiene el derecho a defenderse, se destaca la importancia de mantener la legalidad internacional en cuanto a restricciones en el uso de la fuerza. A pesar de los importantes desafíos, es preciso mantener un enfoque optimista que busque de soluciones aceptables por las partes.

Séptima Reunión—12 marzo 2024

OPSD Irán en el actual escenario conflictivo global

En la mañana del 12 de marzo ha tenido lugar una nueva reunión de expertos del Observatorio Paz, Seguridad y Defensa (OPSD) del IUGM. Durante el debate, centrado en el papel de Irán en el incierto contexto global en el que se observa una transformación del sistema internacional, el OPSD analizó diversos aspectos relevantes que se resumen a continuación.

El enfoque de política exterior del presidente Ebrahim Raisi, denominado "revolucionismo pragmático", continúa las estrategias de sus predecesores, enfocándose en la disuasión asimétrica y el regionalismo, evitando la diplomacia ostentosa. Ha logrado avances en el contexto internacional que ha revitalizado la posición global de Irán, incluyendo la reconciliación con Arabia Saudita y su inclusión en la Organización de Cooperación de Shanghái y el bloque BRICS. Raisi ha reducido el aislamiento de Irán y reafirmado su importancia regional, buscando ser un buen vecino y revitalizar su política hacia latinoamerica.

Aunque Irán ha avanzado regionalmente, la disputa nuclear con Estados Unidos sigue estancada. La estrategia iraní se basa en la supervivencia del régimen, centrándose en la influencia regional, la guerra híbrida y la militarización a través de la Guardia Revolucionaria.

A pesar del riesgo de excederse, Irán utiliza proxies y capacidades militares simples para expandir su influencia en Oriente Medio. Las contradicciones en su política exterior –papel en el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 y el acercamiento a las monarquías del Golfo y la administración Biden– pueden ser resultado de luchas internas de poder y divisiones ideológicas.

En términos económicos, busca sobrevivir a las sanciones internacionales diversificando mercados y rutas, con el objetivo de asegurar su influencia en los mercados energéticos mediante la construcción de gaseoductos y oleoductos a través de Irak y Siria.

Se destaca la importancia de Irán en el nuevo orden mundial, resaltando la conexión entre su programa de misiles y la infraestructura de comunicaciones como vital para su seguridad nacional y desarrollo económico y político. Se señala el uso de grupos 'proxy' para aumentar su capacidad estratégica y obtener rédito político, además de resaltar sus conexiones económicas y estratégicas a nivel internacional. Asimismo, se abordan los desafíos internos del gobierno iraní, como la reconstrucción del ciclo económico, la mejora de la tasa de natalidad y la preocupación por el uso de recursos derivados del petróleo.

En el actual panorama estratégico, se observa una marcada tendencia hacia la desglobalización, donde destaca el creciente involucramiento y peso de Irán en dinámicas de bloques geopolíticos. Aunque Estados Unidos sigue siendo una figura relevante en este escenario, las elecciones y la percepción de su papel como mediador están siendo observadas con escepticismo generalizado.

Irán busca ser un actor estratégico global, pero enfrenta desafíos internos y externos que limitan su influencia. Aunque aspira a liderar la región, sus problemas sociales y económicos dificultan sus ambiciones. Controla el flujo de petróleo y tiene un programa nuclear, pero la división dentro del islam y su dependencia de China son importantes obstáculos para sus ambiciones. Sin embargo, su ubicación estratégica lo convierte en un jugador clave en el escenario geopolítico, especialmente si se considera el retraimiento estadounidense en los asuntos de Oriente Medio.

Los expertos señalaron que España posee una imagen más favorable que otros países europeos en la región, lo que podría ser utilizado para fortalecer su influencia en política exterior. Aunque Irán no representa una amenaza militar estratégica para España, su presencia en Argelia y su apoyo al Frente Polisario pueden afectar los intereses españoles. Además, la propagación del chiismo en Marruecos es un fenómeno poco estudiado que merece atención.

El nuevo protagonismo de Rusia y China en EL Magreb y Sahel

En la mañana del 5 de junio de 2024 ha tenido lugar una nueva reunión de expertos del Observatorio Paz, Seguridad y Defensa (OPSD) del IUGM. En esta ocasión el debate estuvo centrado en el nuevo protagonismo de rusia y china en el Magreb y el Sahel. A continuación, se resumen los principales aspectos abordados durante la sesión.

África afronta una situación crítica de subdesarrollo e inseguridad, que requiere apoyo externo para lograr estabilidad y progreso. Aprovechando las oportunidades de esta situación, en las últimas décadas, China y Rusia han incrementado significativamente su presencia en el continente africano, adoptando enfoques pragmáticos alejados de cualquier ideología o defensa de valores.

La política exterior de China prioriza su transformación en una superpotencia económica para asegurar su soberanía, lo que implica un elevado desarrollo interno. Esta estrategia le permite actuar como potencia en el exterior y promover un modelo de gobernanza global alternativo al occidental.

En contraste, Rusia busca recuperar su estatus de gran potencia, percibiendo que el orden internacional actual no respeta sus intereses. Para ello, fortalece relaciones con países que desafían a Occidente, mejora sus capacidades militares y económicas, y amplía su presencia en África. En este continente, Rusia ha intensificado su estrategia basada en relaciones heredadas de la era soviética, buscando desplazar la influencia occidental y romper su aislamiento internacional. Ha duplicado su comercio con África, enfocándose en la venta de armas, aunque su inversión sigue siendo limitada. Rusia también emplea campañas de desinformación y empresas privadas de seguridad, como el Grupo Wagner, para ganar influencia, lo que puede generar inestabilidades a medio plazo en diversos países.

China se enfoca en proteger sus proyectos en infraestructuras y en fomentar el desarrollo económico sin involucrarse en la gobernanza local. Rusia, en cambio, interviene a petición de los países y apoya regímenes autoritarios, incrementando su influencia mediante diversas líneas de acción. Es relevante como la venta de trigo a precios políticos está creando dependencia en algunos países africanos. Aunque ambas potencias colaboran en la actualidad, sus objetivos pueden divergir en el futuro.

La inestabilidad en el Magreb y el Sahel tiene repercusiones significativas para Europa en términos económicos, de inmigración y de terrorismo. La visión filosófica y centrada en valores que Europa adopta para la cooperación no logra satisfacer las necesidades reales de los países africanos. El enfoque integral de la Unión Europea, que se centra en la seguridad, la inmigración y la educación, no aborda de manera efectiva las prioridades actuales de estos estados. En este contexto, es imperativo que Europa defina con claridad los límites de su actuación y sus ambiciones en la región, y desarrolle una estrategia ajustada a las verdaderas necesidades africanas.

La disminución de la presencia de la ONU en África ha dejado un vacío de estabilidad que ninguna organización internacional está dispuesta a llenar.

LA EXTENSIÓN DEL CONFLICTO DE GAZA AL LÍBANO

Bajo el tema general “La extensión del conflicto de Gaza al Líbano”, el 3 de diciembre de 2024 se celebró una nueva reunión del Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa (OPSD) del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), en la que se analizaron diversos aspectos clave que se resumen a continuación.

La intensificación del conflicto entre Hezbolá e Israel, tras el ataque terrorista perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, debe interpretarse como un episodio más dentro de un conflicto regional de larga duración que permanece abierto desde 1947.

En la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina se ve exacerbado por la transformación de Israel en un estado judío, lo que configura una democracia étnica donde religión y política son inseparables. Por otro lado, los sectores pro-palestinos rechazan la existencia de Israel, considerándolo un mal esencial. El análisis occidental del conflicto suele inclinarse hacia una justificación absoluta de uno de los bandos, a menudo sin un examen crítico.

En Israel, la masacre de octubre de 2023 tuvo un impacto devastador, siendo comparada con el Holocausto, lo que ha fortalecido el sionismo religioso y acallado las posturas moderadas. Esto ha derivado en una respuesta contundente contra Hamás y Hezbolá, acompañada de un sentimiento de optimismo social.

En contraste, en Palestina y Líbano prevalece una heterogeneidad de opiniones y un debate interno sobre la estrategia frente a Israel, así como sobre la necesidad de revisar críticamente las agendas sociales y políticas.

La resolución del conflicto exige que ambas partes reconozcan el derecho a la existencia mutua y abandonen los discursos más radicales. Israel debería flexibilizar su concepción como estado étnico y renunciar a cualquier forma de expansionismo. En este contexto, España podría desempeñar un papel mediador eficaz gracias a su particular posición histórica y cultural.

Como posible solución, se plantea un acuerdo de paz fundamentado en la Resolución 1701 de la ONU, que contemple el respeto a la integridad territorial del Líbano, la retirada de contingentes armados no libaneses y un compromiso mutuo de no agresión entre el Líbano e Israel. Para garantizar la implementación de este acuerdo, se propone el fortalecimiento del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), con respaldo internacional y una vigencia temporal definida.

Es imperativo lograr el cese de los ataques, el control efectivo de los grupos armados y el desarme de las milicias, reconociendo plenamente la autoridad de la misión de las Naciones Unidas como pieza clave para alcanzar una paz sostenible en la región.

El conflicto entre Israel y Hezbolá, enmarcado en el prolongado enfrentamiento árabe-israelí, ha dado lugar a diversas estrategias adoptadas por los principales actores implicados. Israel busca proteger a su población, desmantelar la capacidad militar de Hamás y Hezbolá, liberar a los rehenes y reconfigurar el equilibrio geopolítico de Oriente Medio para garantizar su seguridad.

Por su parte, Hezbolá apoya a Hamás, ejerce presión sobre Israel desde el frente norte y consolida su influencia dentro del Líbano. Mientras tanto, Líbano prioriza la defensa de su soberanía nacional y busca apoyo internacional para la reconstrucción del país. En este escenario, Estados Unidos respalda firmemente a Israel y busca contener la influencia de Irán en la región.

El actual marco de seguridad en Oriente Medio se presenta como insostenible, requiriendo la implementación de un mecanismo sólido de monitorización y un compromiso creíble por parte de Hezbolá, incluyendo la posibilidad de hacer cumplir el acuerdo mediante el uso de la fuerza si fuese necesario.

En este contexto, Estados Unidos emerge como el único actor con la capacidad real de ejercer presión efectiva para lograr un cese de hostilidades; no obstante, su histórico alineamiento con Israel dificulta su papel cómo posible mediador del conflicto. Por su parte, Francia busca preservar algo de su menguante influencia histórica en el Líbano. La consecución de un acuerdo regional demandaría la aceptación de actores clave como Israel, Irán y Arabia Saudí, además de la participación de países influyentes como Rusia, China, Turquía, Egipto y Siria.

Por su parte, España se ha comprometido a combatir el terrorismo y proteger a la población civil, con especial atención a las mujeres y los niños. Para cumplir con este propósito, resulta necesario fortalecer su presencia militar y diplomática tanto en el Líbano como en los foros internacionales. Nuestro país tiene un interés estratégico en la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos, así como en la protección de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Asimismo, busca promover la estabilidad política en la región bajo el marco de las Naciones Unidas. Sin embargo, se reconoce que la influencia directa de España en el conflicto es limitada, por lo que la defensa de los intereses y valores españoles debería articularse a través de la Unión Europea como vía más efectiva.

Existen opiniones divergentes respecto al impacto estratégico de la acción terrorista llevada a cabo por Hamás el 7 de octubre de 2023. Algunos analistas sostienen que esta operación representó un error estratégico que ha debilitado significativamente a la organización tanto en términos políticos como militares. Otros, sin embargo, argumentan que esta acción ha servido para reintroducir la causa palestina en la agenda internacional, rescatándola de un prolongado periodo de olvido tanto a nivel global como entre los países árabes.

En cualquier caso, la solución basada en la fórmula de los “dos estados” parece cada vez menos viable, dada la compleja realidad regional y la evolución del conflicto armado. Uno de los principales obstáculos para esta solución radica en que los diseños institucionales de ambas partes están profundamente condicionados por su identidad como Estado. Mientras prevalezca la percepción de que la existencia de una de las partes depende de la eliminación de la otra, será extremadamente difícil alcanzar un acuerdo que conduzca a una paz sostenible. Parece existir una voluntad social mayoritaria entre palestinos, israelitas y libaneses de que el conflicto siga hasta sus últimas consecuencias.

La inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca representa un factor geopolítico de enorme relevancia para el conflicto en Oriente Medio. Su posición frente al conflicto, marcada en el pasado por un claro respaldo a Israel y una política de presión sobre Irán, podría influir decisivamente en la dinámica regional y en las estrategias de los actores implicados.

Para avanzar hacia una solución en este complejo conflicto regional, resulta imprescindible replantear su enfoque, situando el derecho internacional como el eje fundamental de cualquier resolución. La región necesita una paz global y sostenible, pero en el contexto actual, marcado por una guerra activa sin un vencedor claro, sentar las bases para una conferencia de paz internacional no es una opción viable, al menos de momento; no obstante, sí sería la solución deseable para establecer un perdurable marco de paz en la región.

Este desafío se ve agravado por el debilitamiento del multilateralismo, que reduce la eficacia de actores clave como la Unión Europea y las Naciones Unidas, cuya influencia en el conflicto es cada vez más limitada. En particular, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) no ha logrado garantizar la paz en la zona, lo que pone en duda su capacidad para desempeñar este papel en el presente y futuro.

En consecuencia, las soluciones diplomáticas enfrentan serias dificultades, exigiendo un esfuerzo extraordinario para superar las barreras estructurales y las dinámicas regionales que perpetúan el conflicto.

A modo de reflexión final, la percepción general entre los expertos es marcadamente pesimista. Aunque la reunión del OPSD se diseñó inicialmente para la formulación de hipótesis basadas en necesidades, el enfoque se ha desplazado hacia la búsqueda de posibles soluciones al conflicto. Sin embargo, no se ha alcanzado una posición unificada, evidenciando discrepancias significativas en múltiples aspectos. Este hecho subraya la enorme complejidad del conflicto y la dificultad de articular propuestas hasta cierto punto consensuadas que puedan ofrecer una vía realista hacia la paz y la estabilidad en la región.

España ante el desafío de una ciberseguridad de calidad en la industria de defensa

El 17 de marzo, el Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa (OPSD) celebró una nueva reunión dedicada a analizar los desafíos que el ciberespacio plantea a la seguridad nacional, así como el papel crucial que la industria de defensa española desempeña en la construcción de una respuesta eficaz y de calidad. Durante el encuentro, se abordaron diversas propuestas estratégicas, operativas y tecnológicas dirigidas a fortalecer la ciberseguridad en el ámbito de la seguridad y defensa nacional. Los principales puntos de la discusión y las conclusiones extraídas se recogen a continuación.

Uno de los consensos fundamentales de la reunión ha sido que la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión meramente técnica para convertirse en un pilar estratégico de la seguridad nacional. El ciberespacio es ahora un dominio de confrontación tan relevante como los tradicionales –terrestre, marítimo, aéreo y espacial–, y que su integración con estos debe quedar reflejada en las políticas de seguridad y defensa. Asimismo, existe una patente convergencia del dominio cibernético con el cognitivo, lo que implica que las amenazas digitales no solo afectan infraestructuras críticas, sino también a la percepción pública y la difusión de información. Así, es oportuno advertir sobre el uso de herramientas digitales por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de desestabilizar sociedades, influir en procesos electorales y atacar infraestructuras estratégicas.

La necesidad de actualizar tanto la Estrategia de Seguridad Nacional (2021) como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2019), debido a su obsolescencia frente a la evolución de las amenazas contemporáneas se plantea como ineludible. El aumento de los ciberataques contra infraestructuras críticas, la creciente sofisticación de las amenazas híbridas, que combinan ataques cibernéticos con desinformación y manipulación de la opinión pública justifican la actualización de estas estrategias. Asimismo, resulta imprescindible armonizar la legislación nacional con la Directiva NIS2 de la Unión Europea, que establece nuevos estándares en materia de ciberseguridad. La revisión de estas estrategias deberá adoptar un enfoque proactivo –en lugar de reactivo–, integrando herramientas basadas en inteligencia artificial, automatización de respuestas a ciberataques y un refuerzo de la cooperación entre los sectores público y privado.

Los expertos han coincidido en la exigencia de consolidar un ecosistema de ciberseguridad fundamentado en la cooperación público-privada, que integre a la administración, la industria, el ámbito académico y las startups tecnológicas. Se ha resaltado la importancia del desarrollo de capacidades españolas propias para evitar una excesiva dependencia de tecnología extranjera, así como fomentar la innovación puramente nacional. Además, se ha señalado la urgencia de establecer mecanismos de certificación para las soluciones de ciberseguridad con el fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas en el mercado internacional. Las startups desempeñan un papel crucial en este ecosistema, ya que aportan soluciones innovadoras y brindan flexibilidad en la adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, se ha propuesto la creación de programas de aceleración de startups en ciberseguridad, financiados con fondos europeos y nacionales.

Por otro lado, una mayor inversión en tecnologías emergentes para reforzar la resiliencia cibernética de España se plantea como una obligación. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático desempeñan un papel fundamental en la optimización de la detección y respuesta ante ciberamenazas. Del mismo modo, el blockchain y la criptografía cuántica resultan esenciales para reforzar la seguridad en transacciones y comunicaciones. Además, una “ciberconciencia” es clave para garantizar una respuesta ágil y efectiva frente a amenazas digitales en tiempo real. Asimismo, la importancia de optimizar el uso de fondos europeos, como el Fondo Europeo de Defensa, para financiar proyectos de innovación en seguridad y ciberdefensa ha sido un aspecto fundamental del debate.

El OPSD también ha puesto de relieve la necesidad de definir un marco de gobernanza sólido en ciberseguridad, capaz de unificar las competencias dispersas entre distintos organismos. Se ha propuesto la adopción de un enfoque "top-down", donde primero se establezca un marco estratégico nacional bien definido antes de implementar acciones específicas. Una coordinación efectiva entre el sector público y privado, así como entre las esferas nacional e internacional, resulta esencial para garantizar una protección integral y una respuesta eficiente ante las amenazas cibernéticas.

La fuga de talento en el sector de la ciberseguridad constituye uno de los desafíos más acuciantes identificados. Numerosos profesionales optan por desarrollar su carrera en el extranjero debido a mejores condiciones salariales y laborales, mayor flexibilidad en la utilización de tecnologías avanzadas e incentivos fiscales y legales más favorables. En este contexto, la necesidad de implementar programas de retención y especialización del talento ha sido objeto de debate, destacando la importancia de fomentar la cooperación entre universidades, sector público y empresas privadas para garantizar un flujo constante de especialistas en el sector.

La especialización en ciberseguridad constituye un elemento clave para garantizar la seguridad y la competitividad tecnológica. Este ámbito, caracterizado por desafíos específicos y en constante evolución, requiere una formación altamente especializada que integre disciplinas como la computación, la simulación y la modelización. La adopción de estos métodos proporciona a los profesionales una comprensión integral de las amenazas cibernéticas, capacitándolos para anticipar y neutralizar ataques mediante el análisis de simulaciones y la creación de modelos de defensa avanzados.

Las premisas iniciales de esta sesión del OPSD apuntaban a la creciente relevancia de la ciberseguridad en el ámbito de la defensa y a la necesidad de adoptar un enfoque integral. Tanto las exposiciones como el debate han confirmado que una ciberseguridad de calidad no solo representa un desafío inminente, sino también una oportunidad estratégica. Avanzar en la soberanía estratégica de España en este ámbito requiere ir más allá de la mera adquisición de materiales, apostando por el desarrollo de capacidades propias y una mayor reflexión sobre el impacto de las ciberagresiones en las dinámicas sociales y de seguridad.

Sobre estas bases y a modo de conclusión, se han identificado cuatro ejes fundamentales para fortalecer la posición española en este sector crítico. En primer lugar, la adopción de estándares internacionales que permitan garantizar la participación de España en programas clave de la OTAN y la Unión Europea, asegurando una coordinación eficaz con nuestros aliados. En segundo lugar, la inversión en I+D+i para el desarrollo de tecnologías avanzadas de ciberseguridad, con especial énfasis en la inteligencia artificial, respaldada por el apoyo financiero de fondos públicos nacionales e internacionales. En tercer lugar, la consolidación de un ecosistema de formación y retención de talento altamente especializado, estableciendo sinergias entre el ámbito académico, los centros tecnológicos y la industria. Finalmente, es crucial establecer un marco estratégico y legal actualizado, con un enfoque preventivo y proactivo, que unifique la gobernanza de la ciberseguridad y la ciberdefensa, reconociendo su creciente interconexión y abordando las dificultades derivadas de su coordinación y aplicación.