El proyecto, titulado “El fortalecimiento europeo de la democracia y su impacto en las libertades informativas”, comienza en septiembre y reúne a una veintena de investigadores de una decena de universidades, con perfiles de Derecho, Comunicación y Periodismo. Su objetivo es “estudiar y proponer alternativas para reforzar jurídicamente la libertad de prensa”, explica su coordinador, Javier Sierra.

La investigación parte de un escenario en el que los medios tradicionales han perdido parte de su espacio frente a empresas informativas digitales más pequeñas y a nuevos actores que utilizan plataformas y redes sociales para informar. A ello se suman las campañas de desinformación que buscan influir en procesos electorales, conflictos y debates públicos.

Un ecosistema informativo más frágil

“La sociedad digital ha originado nuevos retos para disponer de información de calidad y veraz”, señala el investigador, que considera que el cambio en la forma de producir y consumir información ha ampliado el número de voces, pero también ha creado nuevos riesgos.

Los medios y proyectos informativos con estructuras más pequeñas pueden estar más expuestos a presiones e interferencias externas y no siempre cuentan con los mismos recursos para contrastar la información. Al mismo tiempo, gobiernos y actores privados, tanto nacionales como extranjeros, pueden impulsar campañas de desinformación o utilizar determinadas narrativas para influir en la opinión pública.

Ante esta situación, la Unión Europea ha desarrollado nuevas normas para reforzar el Estado de Derecho, el pluralismo de los medios y la calidad del entorno informativo. Entre ellas se encuentran el mencionado EMFA y las directivas europeas sobre protección frente a demandas abusivas contra la participación pública (anti‑SLAPP) y protección de informantes.

Los primeros meses: estudiar el nuevo marco europeo

Durante los primeros meses, los investigadores se centrarán en analizar cómo afectan estas nuevas normas europeas a España y en establecer relaciones con instituciones y organizaciones profesionales.

El equipo ya ha contactado con la Comisión Europea y con distintos ministerios para dar a conocer el proyecto y ofrecer su colaboración en las iniciativas normativas relacionadas con la libertad de prensa. A partir de octubre prevé iniciar también contactos con grupos parlamentarios para conocer y aportar su perspectiva sobre las iniciativas legislativas en tramitación.

El primer gran objeto de estudio será el impacto del EMFA en la legislación española, en los medios y en la actividad periodística.

“A falta de una regulación sobre la libertad de información en España, esta norma europea es de aplicación en todos los Estados miembros y nos ofrece una regulación mínima sobre la protección de fuentes periodísticas, la publicidad institucional o la transparencia de los medios”, explica el docente.

El equipo analizará así cómo se aplica en España este nuevo marco europeo y qué consecuencias puede tener para periodistas y medios de comunicación.

Desinformación, narrativas e inteligencia artificial

El proyecto organizará su investigación en tres grandes áreas. La primera se centrará en reforzar la protección de los profesionales de la información y de los propios medios. Además de cuestiones relacionadas con el EMFA, como el secreto profesional, la transparencia o la inversión pública en el sector, se estudiarán aspectos vinculados a un posible Estatuto Profesional del Periodista: quién puede ser considerado periodista, cuáles deben ser sus condiciones de ejercicio profesional o cómo actualizar la normativa sobre la cláusula de conciencia.

La segunda área analizará la relación entre libertad de expresión y libertad de información y prestará especial atención a los llamados “desórdenes informativos”. El término engloba “la desinformación, las narrativas y todos aquellos fenómenos que impiden que llegue información veraz a la ciudadanía”, explica el docente.

La investigación estudiará, entre otras cuestiones, cómo los gobiernos utilizan determinadas narrativas para influir en la información y cuáles deberían ser sus límites, el impacto de la denominada cultura de la cancelación en el periodismo (la presión pública que puede llevar a retirar contenidos de una plataforma o a desacreditar a quienes los difunden) y los efectos de la inteligencia artificial en el sector.

La tercera área se ocupará de las fuentes de información: la transparencia pública, el derecho de acceso a la información, las acreditaciones de periodistas y su acceso a las ruedas de prensa, así como la labor de informantes y filtradores.

En este ámbito se analizarán también la aplicación al periodismo de la Ley de Transparencia, la normativa de protección de informantes y los registros de transparencia relacionados con las actividades de los grupos de interés.

Un enfoque jurídico con distintas miradas

El proyecto tiene “una orientación principalmente jurídica”, pero incorpora investigadores de Comunicación y Periodismo para ampliar la perspectiva sobre la libertad de prensa.

La presencia de estas disciplinas permitirá analizar conjuntamente las normas que protegen la información y la realidad en la que trabajan periodistas y medios. El objetivo, según Sierra, es conseguir “un acercamiento integral a la materia”.

Anti‑SLAPP: un cortafuegos frente a las demandas abusivas

Una de las líneas de investigación será la protección frente a las denominadas demandas SLAPP, siglas en inglés de Strategic Lawsuits Against Public Participation (demandas estratégicas contra la participación pública).

En términos sencillos, se trata de procesos judiciales que pueden utilizarse no tanto para resolver un conflicto concreto como para intimidar, silenciar o desgastar económicamente a periodistas, activistas u otras personas y organizaciones que participan en el debate público.

Sierra explica que cualquier litigio supone gastos y presión para quien tiene que defenderse. Por ello, la directiva europea anti‑SLAPP busca establecer mecanismos que permitan actuar rápidamente cuando una demanda carezca de fundamento y se sospeche que está siendo utilizada para frenar la participación pública.

“Lo que pretende la Directiva anti‑SLAPP es evitar que se utilice la litigación estratégica contra periodistas, activistas y otros colectivos que suponen una fórmula de materialización de la participación pública”, señala.

La investigación estudiará cómo aplicar estas garantías y qué efectos pueden tener para quienes ejercen la libertad de expresión y de información.

Transferencia: de la investigación a las redacciones

El coordinador del proyecto pone el acento en la transferencia y la utilidad social. “En estos primeros días hemos hecho los primeros contactos con las principales asociaciones que aglutinan a los profesionales del periodismo en España y esperamos contar con su adhesión formal en algunas semanas”, adelanta. El objetivo es “incluir en nuestras investigaciones aquellas inquietudes que son objeto de preocupación para el gremio de periodistas” y cumplir así el doble cometido de la investigación universitaria: “generar conocimiento y favorecer que sea aprovechable”.