Para Lario, el papel de la Corona durante la Transición solo puede comprenderse si se observa desde el interior de la propia arquitectura jurídica del régimen anterior. “La monarquía parlamentaria —explica— fue como un caballo de Troya para el tránsito a la democracia”, un mecanismo que permitió atravesar el puente que iba “de la Ley para la Reforma Política, presentada como Octava Ley Fundamental del régimen, a la Constitución de 1978”. Juan Carlos I heredó los poderes del dictador y, desde esa posición, respaldó el proyecto reformista de Adolfo Suárez, incluida la legalización del Partido Comunista. Esa decisión, recuerda, fue determinante: la obediencia estructural del aparato franquista al heredero designado por Franco facilitó que la reforma no naufragase.

Esta perspectiva histórica fue la que desarrolló recientemente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) durante la jornada Cincuenta años de monarquía parlamentaria. Balance y perspectivas en la que participó junto al catedrático de Derecho Constitucional, Joan Oliver; el director del Instituto Elcano, Charles Powell; y el catedrático emérito de Sociología, Emilio Lamo de Espinosa, y en la que se subrayó que la persistencia de las monarquías constitucionales en Europa no se explica sin la evolución del gobierno parlamentario. Este modelo, diseñado tras las revoluciones liberales para permitir que un poder permanente encajara en un sistema democrático, fue “el traje constitucional que hizo posible que las monarquías no desaparecieran con la modernidad política”. En el debate posterior —con figuras como Diego López Garrido y destacados constitucionalistas— emergió un amplio consenso: la necesidad de que la institución se adapte constantemente a “las luces del momento, como proponía Jovellanos”, conscientes de que la legitimidad de una monarquía parlamentaria se renueva solo mediante su adecuación a los principios democráticos.

La historia reciente, sin embargo, demuestra que dicha legitimidad no ha sido lineal. Lario recuerda el juramento de Juan Carlos ante las Cortes franquistas en 1975 como un punto de partida complejo pero decisivo, seguido por momentos cruciales como la abdicación de Don Juan en 1977, que selló la legitimidad dinástica en plena apertura política; el 23F, cuando la actuación del rey cristalizó una legitimidad de hecho que muchos vincularon a la defensa de la Constitución, o la crisis provocada décadas después por los escándalos del rey emérito, que dañaron gravemente la percepción pública de la institución. Finalmente, “el reto más inmediato, si no se aceptan las interpretaciones acordes con la cultura democrática, es el tema de la inviolabilidad del rey”. Lario recuerda en este sentido la importancia de la resolución del juez Matthew Nicklin (2022), que “restringió la inviolabilidad al ámbito de la actividad gubernamental o soberana, como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho”.

El análisis de la profesora Lario incorpora también la evolución social y política que ha acompañado todo este proceso. Las encuestas de la última década muestran escenarios cambiantes, pero también una constante: “es relevante mostrar que al igual que se desconoce el papel de un rey en un sistema constitucional, podemos decir lo mismo respecto a los modelos de república”. La confusión generalizada sobre el funcionamiento real de una monarquía parlamentaria y sobre las alternativas republicanas condiciona el debate público y subraya la importancia de explicar el marco institucional con rigor.

El mundo digital complica aún más ese reto. “La institución permanente necesita discreción”, observa, “pero vivimos en un ecosistema de exposición continua”. La tensión entre la representación neutral y la presencia diaria en las redes forma parte ya de los desafíos estructurales de la monarquía en el siglo XXI.

En este contexto, la historiografía ocupa un lugar esencial. Lario insiste en que “no puede haber otra fuente para el estudio del pasado que la investigación histórica contrastada por el método historiográfico”, especialmente en un tiempo en el que la desinformación circula con una facilidad inédita. De ahí que reivindique el papel de las universidades públicas, y de manera particular el de la UNED, cuya red de centros en todo el territorio permite una transferencia de conocimiento amplia, accesible y basada en criterios científicos: “La UNED tiene capacidad para liderar ese proyecto y llevarlo hasta lugares donde otras instituciones no llegan”, afirma.

La mirada de Ángeles Lario sobre estos cincuenta años no es solo la de una historiadora especializada: es la de una observadora atenta a la evolución institucional, a la cultura política y a los desafíos de un país que, medio siglo después, sigue interrogándose sobre su propio modelo constitucional. Sus próximas intervenciones públicas, en un año marcado por la conmemoración democrática, son una muestra más del papel que juega la UNED en el análisis crítico y plural de nuestro pasado reciente. Así, el próximo 3 de diciembre, en el marco de las actividades de la Oficina de Memoria Democrática por los 50 años del comienzo de la Democracia, pronunciará en la Universidad Rey Juan Carlos la lección inaugural, titulada La monarquía del liberalismo a la democracia, en la que "me detendré en el papel del rey en el proceso democratizador, así como en la visión que sobre la monarquía mostraron los diferentes partidos políticos, especialmente en el debate constituyente de 1978". La sesión será clausurada por el Rey Felipe VI.